La juez Abigail Ocampo Álvarez dijo que la reforma al Poder Judicial es regresiva porque atenta contra las condiciones de vida, los derechos humanos, económicos, sociales, civiles y laborales de las personas juzgadoras.
Redacción Sureste Magazine
La Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed) participa este martes en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, en donde denuncia los riesgos que implica la reforma judicial y cómo afecta a los ciudadanos.
Durante su participación, la juez Abigail Ocampo Álvarez dijo que esta reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como única finalidad concentrar los tres Poderes de la Unión en una sola persona y es regresiva porque atenta contra las condiciones de vida, los derechos humanos, económicos, sociales, civiles y laborales de las personas juzgadoras.
Destacó que la iniciativa tiene múltiples afectaciones y violaciones a los derechos humanos de corte regresivo, como la independencia judicial, ya que la elección popular de jueces “puede aumentar el riesgo de los candidatos a personas juzgadoras a que busquen complacer a quienes los proponen, a sus patrocinadores de campaña, entre ellos al crimen organizado o a los propios votantes”.
Salud mental y los ataques del Ejecutivo al Poder Judicial
La jueza también habló de los constantes ataques desde el Ejecutivo contra el Poder Judicial desde su conferencia de prensa, “todos los días realiza ataques mediáticos, denostaciones, intimidaciones directas, e insinuación de licitud de las resoluciones emitidas por las personas juzgadores, lo que se traduce en tratos humillantes”.
Esto, dijo, genera daño a la salud mental de las personas del Poder Judicial ya que se altera el estado de ánimo, se genera ansiedad e inestabilidad emocional, ataques que impiden la sana operación, lo que se traduce en un desequilibrio laboral.
Asimismo, resaltó que se trastocan los proyectos de vida de los trabajadores debido a que la reforma propone cesar a más de 1,600 juzgadores, perdiendo la oportunidad de crecimiento laboral y desarrollo como profesionistas, pues la propia reforma no permite el ejercicio de la abogacía hasta pasados dos años, lo cual viola el derecho humano al trabajo y a la dignidad humana
También alertó que se perderán las prestaciones para acceder a los servicios de salud, el derecho a la jubilación y el principal medio de remuneración para cientos de familias, que dijo, son otras víctimas indirectas.
En tanto, Diego Valades, exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que hay amplio consenso entre la población de la necesidad de una reforma al Poder Judicial; sin embargo, no se ha escuchado al país para la elaboración de este proyecto.
Durante su participación reconoció que existen carencias y rezagos, por ejemplo, el número de jueces que existen en los juzgados en el país es de 5 por cada 100 mil habitantes, mientras que la media europea es de 19 jueces, y en Costa Rica son 25, cinco veces más que en México.