El ministro en retiro Arturo Zaldívar dio a conocer una batería de demandas, y de un juicio político, contra la actual ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, luego de que esta ordenara investigar a su antecesor por presuntos actos de corrupción y “vulnerar la autonomía e independencia” del Poder Judicial, cuando Zaldívar presidió la Corte.
Acompañado por Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, Zaldívar refirió que las denuncias serán por delitos contra la administración de justicia, ejercicio ilícito del servicio público y uso ilegal de fondos, así como por la intervención de Piña a favor de la candidata presidencial del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, en el proceso electoral.
“Todo este cúmulo de irregulares, la intervención de Norma Piña en el proceso electoral, el uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación nos obliga a presentar una solicitud de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, aseveró Zaldívar.
Las denuncias también llegarán ante el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fisel), entre otras instituciones, declaró el ministro en retiro.
En total serán dos denuncias ante la FGR, dos ante la Fepade, una ante el INE, una más ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), otra ante la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la solicitud de juicio político.
Zaldívar aseveró que con su actuar, la ministra Piña ataca las instituciones democráticas.
En tanto el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que en los próximos días promoverán el juicio político contra Norma Piña en la Cámara de Diputados.
El 9 de abril del presente año, Piña presuntamente recibió una denuncia anónima en contra de Zaldívar y otros integrantes del PJF por conductas como vulnerar la autonomía e independencia de dicho poder; violencia sexual; falta de profesionalismo; enriquecimiento ilícito; cohecho; abuso de funciones y desvío de recursos.
Esto, al considerar que durante su gestión al frente del PJF, Zaldívar y sus excolaboradores se confabularon para favorecer “intereses personales y de terceros” mediante la utilización de la estructura organizacional de dicho poder.
Así, Piña, en su carácter de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó iniciar investigaciones contra los ex colaboradores de Zaldívar para determinar si existen elementos suficientes de prueba para iniciar un posible procedimiento administrativo por conductas irregulares.
Los exfuncionarios que serán sujetos de esta investigación son Carlos Alpízar, exsecretario General de la Presidencia del CJF, señalado en la denuncia anónima de cometer enriquecimiento ilícito, extorsión y corrupción para obtener resoluciones “a modo”, violencia sexual, entre otros.
Edgar Manuel Bonilla del Ángel, quien fue titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, señalado por corrupción; así como el ex director del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), Netzaí Sandoval, quien actualmente es coordinador de la ponencia de la ministra Lenia Batres y fue denunciado por corrupción, hostigamiento y uso indebido del cargo.
Zaldívar añadió que la investigación tiene intenciones políticas para desprestigiar exfuncionarios del CJF que, en su momento, emitieron criterios favorables al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Además, Zaldívar acusó a la ministra Piña de violar la normatividad por admitir la queja anónima sin respetar el principio de presunción de inocencia y sin presentar pruebas.