El proceso electoral federal prevé la elección de más de 19 mil 600 cargos públicos, siendo Chiapas uno de los primeros cinco estados donde se elegirán más relevos. Un proceso que será bastante complejo, bajo un escenario en que se pretende que se moderen tanto los sujetos, las instituciones y las estructuras normativas.
Esto lo manifestó el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Chiapas, Gilberto de Guzmán Bátiz García. Dijo que México ha dado cuenta históricamente que ante la falta de igualdad política los procesos electorales se desvirtúan, y con ello, también la legitimidad de los órganos de representación popular.
El factor principal de la igualdad política se encuentra en cómo instrumentalizar los órganos electorales a una democracia inclusiva, en sociedades que son cada vez más complejas, que develan crudas realidades de discriminación, simulación y violencia.
Los índices de valoración democrática demuestran que si bien la democracia ha sido la forma de gobierno predominante en el mundo contemporáneo, también es cierto que su consolidación entre los estados que se identifican con esta no ha sido la misma y tampoco su desarrollo ha sido constante.
Es necesario hacer una revisión del desempeño de las autoridades electorales en esa función de ampliar la titularidad y el ejercicio de los derechos políticos, a partir de vencer restricciones, condiciones de desventaja estructurales, y también identificar las particularidades de los grupos vulnerables.
Generalmente los procesos electorales están llenos de resistencias, pero consideró que las autoridades electorales han mostrado resiliencia electoral, porque muchas veces con los medios a la mano han dado respuesta a complejas actividades que implican las elecciones.
Es necesario generar un diálogo constante entre autoridades electorales para tener claro que, en cada acuerdo, resolución y sentencia, en el que están en juego los derechos fundamentales de participación política, representa un espacio infranqueable a las reglas de las mayorías, es decir, asumir que el respeto de las decisiones mayoritarias no puede implicar un menoscabo a los derechos de las minorías.