Los tres consejeros que integran la Comisión de Quejas y Denuncias, hicieron un llamado a actores políticos para que, ante el inicio del proceso electoral 2023-2024, sean cautelosos con sus expresiones ya que podrían incurrir en actos anticipados de precampaña
Sofí Vargas
Debido a la reiterada postura del Presidente Andrés Manuel López Obrador de hablar de temas partidistas y electorales, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, aprobó por unanimidad una tutela preventiva para que en el inicio las conferencias mañaneras, la Presidencia ponga una cortinilla en la que se informe sobre los límites constitucionales que tiene el jefe del ejecutivo federal.
Al resolver una queja interpuesta por la senadora panista Xóchitl Gálvez, en la que se avalaron medidas cautelares para que en las conferencias del 7, 8 y 13 de septiembre eliminen las muestras apoyo que hizo el mandatario federal a la coordinadora de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, señalaron que, aunque la Presidencia ha cumplido con los mandatos de la Comisión de Quejas, la conducta de López Obrador ha sido reiterada por lo que en el inicio del proceso electoral, la postura de los servidores públicos puede violentar la equidad en la contienda.
Claudia Zavala, presidenta de la comisión, indicó que la tutela preventiva fue solicitada por la Unidad de lo Contencioso Electoral ante el contumaz incumplimiento de las medidas cautelares que se registra desde la Presidencia de la República.
“Y si bien, es cierto que lo que se ha hecho, que se baja cuando se tiene la medida cautelar, también es cierto que hay una reiteración constante, sistematizada de volver a hacer los pronunciamientos por parte del Presidente de la República, a veces a favor de unas fuerzas políticas o de personas que están inmersas en procesos políticos o en contra, y eso es lo que la Constitución prohíbe a las y los servidores públicos”, indicó.
El consejero Arturo Castillo, citó el artículo 34 constitucional que entre otras cosas señala que la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tal en los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberán tener carácter institucional y fines informativos y educativos o de orientación social en ningún caso esta propaganda incluirá nombres imágenes voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Expresó que lo que se busca con esta medida tutelar es crear conciencia y disuadir a los actores políticos de incurrir en este tipo de acciones que provocarían actos irregulares.
“Creemos y parte de la idea de que el conocimiento de la ley tendría que generar uno concientización de la importancia de cumplir con la Constitución y con nuestro pacto político fundacional y segundo, tendrá que generar efectos disuasorios en la medida que estamos siendo conscientes y evidenciando, no lo que decimos nosotros, sino lo que dice la propia Constitución”, acotó.
La consejera Rita Bell, avaló la propuesta luego de que se hicieron algunas precisiones por parte de los integrantes de la comisión, y señaló que el hecho de que el el pasado 7 de septiembre inició el proceso electoral, los actores políticos deben entender que desde INE se tiene una observancia muy diferente a la que se tuvo en los procesos internos de los partidos políticos, por lo que deberán tener conciencia de los riesgos en los que pueden incurrir al violentar el mandato electoral.
Los tres consejeros que integran la Comisión de Quejas y Denuncias, hicieron también un llamado a los actores políticos para que, ante el inicio del proceso electoral 2023-2024, sean cautelosos con sus expresiones y acciones, ya que podrían incurrir en actos anticipados de pre campaña y campaña, y por lo tanto ser sancionados como lo marca la ley.
Indicaron que los procesos internos ya culminaron y ahora tienen que acatar lo que marca la ley, en la etapa electoral que recién inició.