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El cambio de la medida cautelar fue posible porque el ex gobernador de Quintana Roo tenía dos años detenido por este delito, aunque él continuará en prisión hasta que cumpla con las medidas que se le impusieron.

Un juez de control concedió a Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, prisión domiciliaria en el proceso que lleva en su contra por lavado de dinero; sin embargo, permanecerá en prisión oficiosa porque también está vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada.

Un juez de control le impuso el confinamiento en su domicilio, bajo condición de que use un brazalete electrónico y cubra una garantía de 10 millones de pesos, confirmaron integrantes del equipo jurídico que lleva la defensa del ex gobernador.

Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, es vinculado a proceso por delincuencia organizada

Juez ordena libertad de Roberto Borge, ex gobernador de QRoo, pero sólo por un proceso penal

La defensa del ex gobernador alegó que hay jurisprudencia que permite este cambio de medida cautelar, cuando ya transcurrió dos años bajo detención, argumento aceptado por el juez.

El ex gobernador fue detenido el 4 de junio de 2017 en Panamá y extraditado a México el 4 de enero del siguiente año, desde entonces se encuentra internado en el Centro Federal de Readaptación Social de Ayala, Morelos.

En este caso de lavado de dinero, la Fiscalía General de la República pidió una condena de 15 años de prisión por vender terrenos del Estado a través de prestanombres a precios subvaluados, ocasionando un daño a las arcas por 900 millones de pesos.

Borge seguirá en la cárcel por delincuencia organizada

Actualmente, el único obstáculo que mantiene a Borge Angulo privado de libertad es el procedimiento penal por delincuencia organizada, dictada en marzo de este año, que se basa en la venta irregular de terrenos estatales.

También pesa en contra del ex gobernador un proceso por desempeño irregular de la función pública, por la entrega presuntamente indebida de concesiones de transporte, por la que no hay prisión preventiva.

Asimismo, en el fuero común, existen dos acusaciones relacionadas con los presuntos pagos indebidos a través de la paraestatal Vipsa.

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