El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador informó que este lunes presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, una demanda contra México «por violaciones del derecho internacional».
De acuerdo con la Cancillería ecuatoriana, la denuncia se debe a «la conducta de ese país (México) desde el 17 de diciembre de 2023», fecha en la que el exvicepresidente Jorge Glas se refugió en la Embajada mexicana en Quito.
Asimismo, la demanda hace referencia a lo que consideran «injuriosas declaraciones» hechas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
La CIJ confirmó la recepción de la denuncia, señalando que la misma tiene relación con la presunta violación por parte de las autoridades mexicanas de una serie de obligaciones contraídas con Ecuador según el derecho internacional, «derivadas de la conducta de México en relación con el señor Jorge David Glas Espinel».
Esta demanda le sigue a una presentada por México contra Ecuador ante la misma instancia, luego que la fuerza pública del país suramericano asaltara su Embajada en Quito, golpeara al personal diplomático y se llevara detenido a Glas, quien para el momento de la irrupción gozaba de asilo diplomático.
Resolver y declarar
En su denuncia, Ecuador pide a la CIJ que resuelva y declare que México incumplió «sus obligaciones de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor», sobre «no interferir en los asuntos internos» y sobre «no utilizar los locales de la misión de manera incompatible con las funciones de la misión diplomática, de conformidad con el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961».
También se señala que México ha incumplido, entre otras, «sus obligaciones de no otorgar asilo a personas que se encuentren procesadas o en juicio por delitos comunes o hayan sido condenadas por tribunales ordinarios competentes, y de entregarlas a las autoridades locales», según lo establecido en el artículo III del Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y Artículo 1 de la Convención sobre Asilo Político de 1933.
Asimismo, Ecuador considera que el país con el que tiene la disputa «ha violado los principios de igualdad soberana, integridad territorial y no intervención en los asuntos internos de otros Estados», conforme a la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y el derecho internacional consuetudinario.
Sumado a ello, México habría violado su obligación de «cooperar en asuntos anticorrupción», según lo dispuesto en el Artículo XIV de la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996 y los Artículos 43, 46 y 48 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003.
Aparte de todo eso, Quito solicitó a la CIJ que resuelva y declare que México también cometió violaciones por las «declaraciones falsas e injuriosas» de López Obrador, que habrían puesto en duda la legitimidad de las elecciones de 2023 en Ecuador.
Así, Quito pidió al tribunal internacional que «juzgue y declare las consecuencias jurídicas para los Estados Unidos Mexicanos derivadas de sus hechos internacionalmente ilícitos».
Audiencias
Esta demanda de Ecuador se presenta un día antes de que la CIJ realice audiencias en respuesta a la denuncia presentada por México anteriormente.
El alto tribunal ya había anunciado hace casi dos semanas que los próximos 30 de abril y 1 de mayo se celebrarán audiencias públicas para tratar esa denuncia; y que estas citas «estarán dedicadas a la solicitud de indicación de medidas provisionales contenida en la demanda».
Precisó entonces que en la primera audiencia México presentará sus alegatos, mientras que al siguiente día lo hará Ecuador.
La CIJ recordó que México, en su solicitud, pidió que, hasta que se dicte una sentencia definitiva en el caso, establezca como medidas provisionales que el Gobierno de Ecuador «adopte las medidas adecuadas e inmediatas para garantizar la plena protección y seguridad de la sede diplomática, de los bienes que en ella se encuentran y de los archivos, protegiéndolos de cualquier forma de intrusión».
Asimismo, que Quito autorice al Gobierno mexicano a vaciar la sede diplomática y la residencia privada de los agentes diplomáticos; que garantice que no se adopte ninguna medida que pueda perjudicar los derechos de México en relación con cualquier decisión que la Corte pueda dictar sobre el fondo; y que se abstenga de cualquier acto o conducta que pueda agravar o extender la controversia ante este tribunal.