Además de pedir el apoyo a la Presidencia de la República, al Senado y a la Secretaría de Medio Ambiente, para hacer cumplir todas y cada una de las sentencias que ya son cosa juzgada y causaron estado y que están pendientes de ejecutarse
Por: Arturo García Caudillo
Propietarios del Ejido El Bajío, en el estado de Sonora, hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga en su favor, se aplique la Ley, les restituyan sus tierras y obliguen a la minera Penmont a que les indemnice como corresponde.
Y es que existen 70 sentencias del Tribunal Agrario a favor de los ejidatarios por el despojo de más de dos mil 400 hectáreas, aunque la magistrada Alejandrina Gámez, titular del Tribunal Unitario de Distrito con sede en Hermosillo, Sonora, se ha negado hacer efectiva la sentencia.
Este llamado, dice el abogado Rubén Olivares, marcaría un precedente en el área legal
“En los juicios agrarios o de cualquier índole, puesto que las grandes compañías mineras, en este caso Penmont y otras, siempre han hecho lo que han querido en el país y siempre se han aprovechado de los ejidatarios y de sus tierras sin pagarles, a veces despojándolos de las mismas, como sucede en este caso. Pero sí sería un hecho histórico que el presidente interviniera y lograra hacer cumplir las sentencias”.
Los ejidatarios afectados por el despojo son: Abel y Erasmo Cruz López; José Concepción y Carmen Cruz Pérez; y Luis Enrique Cruz Figueroa, quienes han llamado “fiebre de oro” al proceso de despojo y violencia en la región desértica, en Caborca, Sonora.
Ya ellos se han manifestado en Palacio Nacional y le han hecho llegar documentos al presidente López Obrador para actué ante la evidente corrupción en este caso por parte de la magistrada Alejandrina Gámez Rey y ahora recurrirán a la Embajada Británica en México, para que exhorte a los accionistas y empresarios de ese país que tienen inversiones en la Minera Penmont a respetar los laudos y las leyes mexicanas.
El abogado Rubén Olivares, en representación de los afectados, reiteró el llamado a las autoridades para que presionen a que se cumplan con las resoluciones judiciales:
“Queremos solicitar la intervención Jon Benjamin, embajador del Reino Unido en México ya que la compañía matriz es Fresnillo PLC, es una empresa que realiza sus reuniones de accionistas en Reino Unido, y la misma se dedica a la exploración y explotación y beneficio de oro. Su filial es la minera Penmont”.
Precisó que “buscan el apoyo del embajador ingles toda vez que la compañía MINERA PENMONT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, lleva años negándose a cumplir los fallos agrarios y las sentencias de amparo en donde fueron condenados a entregar inmediatamente las tierras de uso común y a pagar las indemnizaciones correspondientes por los cerca de 21 años de ocupación ilegal y explotación de los minerales, tras los fallos anunciados a su favor por el Tribunal Superior Agrario dentro de la excitativa de justicia 165/2023-28, del ejido Bajío.
Recordó que han realizado reuniones en la secretaria de Gobernación, la cual hoy tiene al frente a Luisa María Alcalde, buscando que la solución llegue sexenio, y se obligue a la ejecución de las sentencias para que la minera desocupe estas tierras ricas en minerales, particularmente oro y plata, pague las indemnizaciones correspondientes y haga la remediación ambiental por los daños ecológicos causados al medio ambiente.
Además de pedir el apoyo a la Presidencia de la República, al Senado y a la Secretaría de Medio Ambiente, para hacer cumplir todas y cada una de las sentencias que ya son cosa juzgada y causaron estado y que están pendientes de ejecutarse, también pretenden acudir (de ser necesario) a las instancias como La Corte Internacional de Justicia que es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, así como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.