La organización “No es una, somos todas A.C.”, vinculada a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega y a la opinadora Denise Dresser, están detrás de denuncias en grandes medios, al tiempo que los denunciantes desacreditan e inhiben en foros opositores la participación ciudadana en la próxima elección para renovar el Poder Judicial
Por Luis Rubio /Sureste Magazine
Mientras el fenómeno de los pinchazos en el transporte público genera una respuesta institucional inmediata del Gobierno de la Ciudad de México y de varias dependencias a su cargo, como la implementación de un protocolo integral de atención a las víctimas y el despliegue de cinco mil 800 policías, la oposición lo utiliza políticamente y genera campañas de mentiras y miedo entre las personas usuarias.
Específicamente, grupos opositores ligados a figuras como la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega y a la opinadora Denise Dresser.
Durante la conferencia dominical, La Chilanguera, el diputado Paulo García documentó que la organización “No es una, somos todas A.C.”, vinculada a ambos personajes, emprendió una campaña en estaciones del transporte público con volantes en los que culpan a Morena de ser responsable de los pinchazos.
Los volantes impresos muestran la palabra “pinchazos” con la tipografía y los colores que Morena utiliza institucionalmente.
El legislador García mostró videos donde un hombre joven, de nombre Luis Hernández, quien dijo ser víctima de un pinchazo, expone en una amplia nota en un noticiero televisivo en la cadena N+ (Televisa) que fue atacado y que un policía no lo atendió conforme a protocolo alguno.
“Esta persona es un activista ligado a De la Vega y a Dresser que participa en una campaña en contra de las elecciones para renovar el Poder Judicial”, aseveró el diputado por Coyoacán, quien mostró imágenes en video donde Luis Hernández participa activamente en mítines que buscan inhibir la participación ciudadana.
Además, la presidenta del PAN en la capital, Luisa Gutiérrez, presume públicamente tener una red de cercanía con 30 por ciento de quienes presuntamente han sido víctimas de pinchazos, de un total de 68 carpetas de investigación.
Sobre el mismo tema, la coordinadora de la Bancada de Morena, Xóchitl Bravo Espinosa, recordó que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ordenó la implementación de acciones y protocolos de actuación a víctimas, y envió una iniciativa al Congreso local para erradicarlos.
“La Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana pusieron manos a la obra de forma inmediata. Cinco mil 800 policías han sido desplegados en el transporte público. Además, se implementó un protocolo de atención para las víctimas, pues se les atiende integralmente.
“Los diputados de Morena coadyuvamos con una campaña informativa en el Metro, con el fin de dotar herramientas prácticas para el autocuidado”, aseveró la legisladora Bravo Espinosa.
Explicó que la iniciativa enviada por la Jefa de Gobierno al Congreso se agrega un artículo al Código Penal, para establecer como delito el aplicar o suministrar a otra persona cualquier sustancia de manera oculta o mediante engaños, con la finalidad de provocar cualquier afectación como alterar su voluntad, causando somnolencia o inconciencia, facilitar la comisión de otro delito o provocar intimidación.
Este delito incluye, resaltó, actos como los pinchazos con objetos punzocortantes, pero también el suministrar sustancias a través de la vía oral en alimentos, bebidas u otros. La pena para este delito será de dos a cinco años de prisión y de 50 a 300 días multa.
“Esta iniciativa está orientada además en cuidar a las personas vulnerables. Además, en el Congreso enriqueceremos la iniciativa con propuestas, tanto de Morena como de los partidos de oposición.
“También, organizaremos un foro con autoridades de la ciudad al que invitaremos a los legisladores de oposición y a la ciudadanía”, añadió.
REGULARÁN A FRANELEROS
En atención a diversas demandas ciudadanas, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, enviará al Congreso una reforma a la Ley de Cultura Cívica para regular a los franeleros, informó el diputado Paulo García.
De enero a abril, acotó, se llevaron a cabo 552 espectáculos y eventos masivos en la Ciudad de México. En cada acto se registra una fuerte presencia de franeleros que obligan a las personas que acuden a los mismos a pagar por un lugar de estacionamiento. Lo mismo ocurre afuera de hospitales, escuelas o centros de consumo.
“Entendemos que muchas de las personas que desempeñan esta actividad lo hacen como una forma de obtener ingresos ante una falta de empleo formal. La reforma no busca criminalizar la actividad sino evitar que se afecte a las vecinas y a los vecinos de la ciudad, a la vialidad y al libre tránsito.
“La iniciativa busca regular su actividad en la medida de lo posible e incrementar las sanciones cívicas sin llegar a lo penal. Se contempla que, en lugar de multas económicas, la persona que incurra en la falta será arrestada hasta por 36 horas y dicho arresto será inconmutable”, aclaró.
En otro tema, la diputada Cecilia Vadillo, desmontó otra campaña de la derecha encaminada a desacreditar las acciones que emprenderá el Gobierno de la CDMX para otorgar vivienda social.
“La derecha en la Ciudad de México implementa una intensa campaña contra la vivienda social, específicamente contra las legítimas expropiaciones, que son una herramienta constitucional para garantizar el derecho a la vivienda digna.
“La vivienda social atenta contra los intereses del cártel inmobiliario. Las expropiaciones frenan el despojo silencioso y el desplazamiento de personas de bajos ingresos de las zonas céntricas para dar paso al despojo y la gentrificación”, apuntó la legisladora por Miguel Hidalgo.
La construcción de vivienda social, aclaró, se desarrollará en zonas con servicios y conectividad y no se expulsará a la gente a las periferias, pues se garantiza su derecho a permanecer en la ciudad. El Gobierno de la Ciudad de México actuará con base en dictámenes técnicos y en el interés público. Todo el proceso está sustentado legal y técnicamente, mediante dictámenes de riesgo estructural y acuerdos oficiales.
En otro asunto, la diputada Judith Vanegas externó, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, su enérgico rechazo al intento de sectores conservadores de Estados Unidos, de imponer un impuesto de cinco por ciento a las remesas que envían a México los trabajadores migrantes.
“Más de 300 mil hogares en la Ciudad de México reciben recursos de nuestros hermanos migrantes. Esta iniciativa habría puesto en riesgo económico a los migrantes y a las personas que benefician, pues quienes mandan el dinero se habrían visto obligados a buscar fuentes alternativas riesgosas.
“La doble tributación hubiera sido un acto de injusticia y desfalco”, aseveró la legisladora.
Vanegas acusó el doble discurso panista, quienes dicen defender a los migrantes “mientras guardan silencio o justifican este intento de sangrar las remesas que los mexicanos mandan, alineándose de facto con sectores extremistas de Estados Unidos”.
Los gobiernos del PAN, acusó, nunca reconocieron el aporte económico y social de los migrantes y hoy se desmarcan de su defensa porque no les representa rédito electoral.
“Simulan defender la legalidad, pero avalan medidas que violan tratados internacionales y principios de no discriminación fiscal, como lo señaló la Secretaría de Hacienda”, apuntó.