Las ganancias ilegítimas obtenidas por el Cártel inmobiliario que opera en la alcaldía Benito Juárez rondan los mil millones de pesos, estimó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, gracias a la construcción de pisos adicionales y el otorgamiento de permisos irregulares.
En la presentación de la publicación de Reforma al Código Penal en Materia de Combate a la Corrupción Inmobiliaria para sancionar a servidores públicos, Batres Guadarrama recordó que hay 12 órdenes de aprehensión en contra de exservidores públicos, así como cuatro sentenciados, que por la reparación del daño habrán de pagar 100 millones de pesos.
“Por lo menos hay más de una docena de órdenes de aprehensión autorizadas por los jueces, habría que agregar que hay además nueve detenidos, que hay cuatro fugados, algunos muy conocidos, y que ahí también cuatro sentenciados, que a lo largo del juicio aceptaron su responsabilidad, que admitieron su culpa en total hablamos de por lo menos 26 funcionarios de la alcaldía Benito Juárez involucrados con el Cartel inmobiliario, y sobre los que se siguen diversas investigaciones los cuatro sentenciados funcionarios de alto nivel no solo aceptaron su responsabilidad y su culpa, sino que además están pagando una reparación del daño.
“Esa reparación del daño hasta este momento abarca más o menos un conjunto de por un inmueble de 100 millones de pesos, es decir, estamos hablando de una enorme cantidad de recursos, sí solamente son 100 millones de pesos los que se han involucrado en una reparación del daño, la pregunta es ¿cuántos cientos de millones de pesos ha obtenido este grupo a lo largo de estos 12 años? Algunos calculan que el Cártel inmobiliario de Benito Juárez por lo menos ha ganado mil millones de pesos por permitir construcciones ilegales o autorizar pisos demás”, apuntó.
El titular del Poder Ejecutivo local añadió que si se suman los pisos construidos de manera irregular en la alcaldía Benito Juárez se podría edificar un edificio más grande que el más alto de Dubái.
“Entre el 2012 y los años recientes se otorgaron una gran cantidad de permisos o simplemente no se otorgaron permisos, pero sí permitió la construcción de una gran cantidad de niveles extraordinarios, que si se van sumando se puede hacer una torre más grande que la torre más grande de Dubái, es decir, todos los niveles ilegales autorizados en la Alcaldía Benito Juárez alcanzan para construir la torre más alta del mundo”, consideró.
El nuevo tipo penal establece que comete delito de corrupción inmobiliaria, el servidor público que por acción u omisión permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley.
Batres rememoró que anteriormente la ley sólo permitía investigar a los funcionarios por enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo.
Asimismo, el coordinador general de Investigación Territorial en Ejercicio de la Suplencia de la Persona Titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por Ministerio de Ley, Ulises Lara López, expuso que con esta reforma al código penal en materia de combate a la corrupción inmobiliaria se le pondrá freno a los permisos de construcción a cambio de obtener ilícitamente beneficios.
“Con este tipo penal nuestras y nuestros ministerios públicos tendrán mayores y mejores herramientas para llevar a cabo su labor y así poder encuadrar este tipo de conductas en la carpeta de investigación. Redoblaremos esfuerzos para investigar estas conductas y presentar ante las y los jueces los resultados de dichas indagatorias para prevenir la creación de redes de corrupción y de sobornos en las 16 alcaldías aún más cuando sean claras y protegidas por servidoras y servidores públicos”, dijo.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Inti Muñoz, señaló que la corrupción inmobiliaria daña el tejido urbano, el territorio, la calidad de vida de las personas y afecta el derecho a habitar la ciudad dignamente.
“Denunciar y levantar la voz cuando se comete un abuso en contra de la gente, cuando algún funcionario que actúa indebidamente, sin sentido alguno de la ética y que hace uso de su cargo público con el afán de beneficiarse, se hace daño al tejido urbano, se hace daño a la calidad de vida de las personas autorizando sin apego a la normatividad, algún tipo de construcción o de desarrollo inmobiliario; la corrupción se convirtió en un sistema, en una forma en que el gobierno funcionaba y eso ha terminado en la Ciudad de México, para el gobierno central”, advirtió.