Las 32 organizaciones e integrantes de la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica reunidos en la asamblea 2023, manifestaron su preocupación y al mismo tiempo ratificaron su compromiso con las personas migrantes forzadas.
En el acto dieron a conocer las condiciones que los migrantes enfrentan en Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá, por ello pidieron la eliminación de obstáculos para acceder al asilo e invitaron a las autoridades a promover alternativas accesibles de regularización migratoria.
Como parte del pronunciamiento también pidieron no utilizar a las personas migrantes como moneda de cambio, ni priorizar los intereses económicos o políticos como factor de negociación en los acuerdos y cumbres migratorias.
“En nuestro trabajo de acompañamiento directo, investigación e incidencia hemos sido testigos de la agudización de las condiciones de vulnerabilidad e inseguridad de las personas en contexto de movilidad”, expresaron.
La Red visibilizó las diferentes formas de violencia que obligan a las personas a huir y que han provocado un cambio en el perfil tradicional, que se traduce en una mayor presencia de familias, mujeres, niñas y niños en las rutas migratorias.
“Hemos observado la llegada de diversas nacionalidades que se suman al flujo histórico, lo que hace más complejas las necesidades de acompañamiento. A pesar de que la migración es un fenómeno intrínseco a la historia de la humanidad, cada vez más interconectada, nos encontramos en un contexto de absolutización de la soberanía, que se evidencia en la política de externalización de fronteras impulsada por EE. UU. con la colaboración de los países de la región”, puntualizaron.
Al mismo tiempo, las organizaciones detectaron un recrudecimiento de las políticas contradictorias e intencionalmente confusas, que atrapan a las personas migrantes en las distintas etapas del proceso migratorio y prolongan sus trayectorias dejándolas en un callejón sin salida.
Dichas políticas han creado obstáculos al derecho al asilo, especialmente para las personas más vulnerables, un derecho fundamental que ha existido desde la Convención de Ginebra de 1951 y, para el continente americano, en la Declaración de Cartagena de 1984.