El Colectivo de Monitoreo de la Frontera Sur, integrado por más de 20 organizaciones a nivel local y nacional, pidió una investigación exhaustiva e imparcial sobre las causas y responsabilidades del accidente ocurrido en el tramo Pijijiapan-Tonalá, donde perdieron la vida de 10 mujeres, entre ellas una menor de edad.
Las organizaciones denunciaron las políticas de restricción y la falta de respuesta del Estado mexicano como la causa de la muerte de personas en contexto de movilidad.
El accidente ocurrido el pasado domingo alrededor de las 5:00 de la mañana, donde un camión tipo torton que transportaba a decenas de personas en contexto de movilidad, entre ellos mujeres, niñas y niños, se accidentó en el tramo carretero Pijijiapan-Tonalá, a la altura del kilómetro 134 crucero Santa Cruz, dejando hasta ahora un saldo de 10 fallecidas y 20 más lesionadas.
El colectivo enfatizó que estos hechos no son aislados ni fortuitos, sino que son consecuencia directa de la política violenta e inhumana que el Estado mexicano ha implementado para restringir, contener y detener los flujos migratorios.
“Es preocupante que estas políticas generen un contexto de violencia, precariedad y riesgo para miles de personas que por diversas razones han tenido que salir de sus países, obligándolas a recurrir a vías inseguras y clandestinas, expuestas al abuso, la extorsión y a la muerte”, externaron.
Al mismo tiempo, recordaron la tragedia migrante ocurrida el 9 de diciembre del 2020 en Tuxtla Gutiérrez, donde murieron 55 personas que viajaban en un camión de carga y 114 resultaron heridas.
“Estos hechos evidencian la falta de voluntad política y la indolencia del Estado para garantizar los derechos humanos de las personas en contextos de movilidad, así como para prevenir y sancionar a los responsables de estos hechos”, añadieron.
Por tanto, exigieron se realice una investigación pronta, exhaustiva e imparcial sobre las causas y responsabilidades del accidente. Además, se brinde atención médica adecuada e integral a las personas lesionadas, así como apoyo psicosocial y jurídico a las víctimas y sus familias.
Al mismo tiempo, se respete el derecho a la identidad y a la dignidad de las personas fallecidas, y que se facilite su identificación y entrega a sus familiares, así como el traslado y sepultura de sus restos. Y se repare el daño integralmente a las víctimas y sus familiares, incluyendo medidas de restitución, satisfacción y garantías de no repetición.