En los últimos 12 años, la entidad se encuentra entre los primeros lugares con mayor número de conflictos socioambientales. La directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Dora Robledo García, expuso que se ha dado prioridad a los intereses económicos y políticos, por arriba de los derechos humanos y la defensa del territorio que encabezan los pueblos originarios.
De acuerdo con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y la Universidad de Montfort, entre 14 y 25 hechos violentos se han registrado en Chiapas, respecto a proyectos mineros y de hidrocarburos.
Militarización
En el foro “Colapso civilizatorio: un llamado a la acción”, organizado por los 60 años del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), se analiza la militarización y cómo esta funge como un brazo de ayuda al poder económico y extractivo, sin velar por la tranquilidad de la población.
Por su parte, Robledo García apuntó: “El Ejército y la Guardia Nacional han velado por una serie de intereses económicos y políticos, esa es la situación que enfrentan los pueblos que se ubican cerca de las minas o con la extracción de recursos; por ello es visible la destrucción de la naturaleza, en beneficio del sistema económico”, declaró.
Especificó que por mandato constitucional, el Ejército Mexicano tiene que trabajar por la seguridad y tranquilidad del pueblo. Sin embargo, acotó que la realidad es otra, pues desde las “organizaciones vemos que en Chiapas las comunidades están denunciando y están viviendo una situación de violencia”.
“Pareciera que cuando hablamos de defensa de la tierra y del territorio, se maneja como un tema aparte, y donde lo que menos importa es la tranquilidad, la seguridad y el bienestar de las comunidades, pues se presentan detenciones en contra de las personas que buscan frenar las afectaciones de los pueblos”, declaró.
Argumentó que en los pueblos donde persiste la minería —que ha acarreado problemas de salud pública y destrucción del ambiente— se está construyendo algo totalmente diferente, “una división social y migración de los pueblos que se están explotando”.
Acotó que como organizaciones civiles continuarán caminando y “construyendo esperanza para las comunidades que están luchando y resistiendo en busca de poner un alto a todas las violaciones de derechos humanos”.