El Congreso de la CDMX aprobó un Punto de Acuerdo al respecto de la diputada Xóchitl Bravo, Coordinadora de la bancada de Morena
Funcionarios de la exalcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes, deberán ser investigados por posibles actos de corrupción y extorsión en contra de comerciantes de dicha demarcación. Así lo determinó el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a propuesta de la diputada Xóchitl Bravo Espinosa.
“La corrupción y la extorsión no son delitos menores. Son crímenes que desangran nuestras instituciones, afectan la convivencia y la justicia, y perpetúan la desigualdad y la desconfianza. No solo roban recursos, también roban esperanza. Lo más grave es que cuando los servidores públicos caen en estos vicios, traicionan la misión que les fue encomendada: trabajar para el pueblo, no para su propio beneficio”, sentenció.
La Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena presentó un Punto de Acuerdo al respecto, de urgente y obvia resolución, que fue aprobado en la Sesión Ordinaria de este martes del Congreso capitalino.
Dicha propuesta contempla que la Contraloría General de la Ciudad de México y la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos investiguen a quienes resulten responsables de corrupción y hayan extorsionado a vendedores durante la administración de González Magallanes, de 2021 a 2024.
Desde la tribuna, explicó que el 22 de noviembre la Alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, hizo público un asunto muy grave que afecta profundamente a los habitantes de esta demarcación: una red de extorsión y corrupción por parte de exfuncionarios de la anterior administración local que perjudicó de manera directa a pequeños y medianos negocios.
Al respecto, reconoció la responsabilidad de Osorio Hernández por presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía. “Necesitamos que los funcionarios que cometieron estos presuntos actos delictivos sean castigados con todo el peso de la ley”.
Tras calificar de doloroso este problema, la legisladora de Tlalpan explicó que esa red estaba perfectamente estructurada y que, mediante prácticas ilegales y abusivas, despojó a cientos de ciudadanos de sus derechos. Ello, apuntó, porque los funcionarios de Alfa González exigían hasta 100 mil pesos por retirar los sellos de clausura de los establecimientos, así como pagos ilegales mensuales.
“Un total de 205 expedientes fueron utilizados para extorsionar a comerciantes, a quienes se les pedían pagos mensuales bajo la amenaza de clausurar sus negocios, creando un ambiente de incertidumbre y miedo en la Alcaldía Tlalpan”, subrayó.
En ese contexto, recordó que el Congreso de la Ciudad de México deberá sacar adelante la iniciativa que envió la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para elevar las sanciones contra el delito de extorsión.
Antes, en conferencia de prensa, señaló que en las alcaldías gobernadas por la oposición –como Cuauhtémoc, La Magdalena Contreras y Tlalpan– han sido evidentes las corruptelas, los desfalcos y el mal uso en el manejo de los recursos públicos.
“Los funcionarios públicos, aunque ya no estén, pueden ser sancionados. No importa que hayan dejado de estar en sus cargos, porque la ley permite iniciar procedimientos administrativos, penales y jurídicos en contra de quienes afectaron a la población. No vamos a permitir que actos de corrupción queden impunes”, concluyó.