“Se plantea la posibilidad de realizar modificaciones a la Ley de Amparo y a algunas leyes de procedimiento, además de la Ley ORPI que ya se discute en el Senado”, señaló Pablo Gómez, titular de la UIF.
Redacción Sureste Magazine
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México prepara modificaciones legales para evitar que jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) liberen sin un juicio de fondo cuentas financieras relacionadas con actividades delictivas, como lavado de dinero, corrupción o delincuencia organizada, que hayan sido integradas a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Cuando se demuestra que hay lavado de dinero, sea por corrupción o sea delito de cuello blanco de algún tipo, o por delincuencia organizada, y resulta que se liberan las cuentas para que se siga usando el recurso, pues no tiene otro nombre, se llama corrupción”, aseguró durante la conferencia matutina.
Por ello, resaltó la importancia de que se reformen ciertas leyes para que solo se liberen cuentas de la LPB cuando haya una mala interpretación de la UIF y no con suspensiones que son utilizadas para liberar los recursos.
Destacó que la prioridad de estas modificaciones, así como de la reforma al Poder Judicial es garantizar la cero impunidad en todo tipo de delitos federales como lo es la corrupción y la delincuencia organizada.
Por su parte, el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, precisó que la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva para suspender de inmediato recursos, cuyo origen se presume de procedencia ilícita para evitar que continúen siendo integrados a la economía nacional.
Derivado de la incorporación de sujetos a la LPB, las Instituciones Financieras han bloqueado 32 mil 500 millones de pesos (mdp); 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros. De los 32 mil 500 mdp, 23 mil 575 millones 925 mil 786 han sido desbloqueadas por resolución judicial; 82 millones 470 mil por resolución del Tribunal Contencioso Administrativo y poco más de 5 mil mdp por resolución de la UIF.
Asimismo, aseguró que ya se analiza la posibilidad de modificar la Ley de Amparo para evitar que sea un instrumento para afectar la funcionalidad de la LPB.
“La Presidenta ha comentado, ha discutido y ya está analizando la posibilidad de presentar alguna iniciativa para detener las suspensiones, porque ya se convirtieron en el instrumento para acabar con la lista de personas bloqueadas, su efectividad y, por lo tanto, la prevención, que ese es el instrumento básico, de lavado de dinero”, agregó.