De acuerdo con la presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), María Magdalena Vila Domínguez, los partidos políticos podrían llevarse hasta 265 millones de pesos durante 2024, que es año electoral, en conceptos que están asociados con el financiamiento público y con gastos de campaña.
Refirió que se está trabajando el anteproyecto de Presupuesto de Egresos que incluye el financiamiento para los partidos en sus actividades ordinarias y también los recursos que ocuparán en las fechas en que se lleven a cabo las campañas. El órgano local también revisa los lineamientos para las candidaturas independientes.
Sobre el recurso para los partidos, se aclaró que es posible que haya un ajuste en el sentido que deben esperar el último corte de la lista nominal de electores, tomando en cuenta que es la gente que tiene la posibilidad de acudir a las urnas.
El recurso tiene que ser mayor, refirió la consejera electoral, debido a que viene la elección a la gubernatura y eso hace que aumente el financiamiento público; se aplica la fórmula que marca la ley con el padrón electoral y aumenta cada tres años por el número de personas que cumplen la mayoría de edad.
Vila Domínguez explicó que están a la espera que el Congreso local emita un dictamen donde expida las nuevas reformas al Código de Elecciones; la información que tienen en el órgano local es que en agosto vendrían los ajustes, pero aún no se tiene certeza del contenido.
“Nos han comentado que al parecer quieren reforzar el régimen sancionador electoral, y de ver todo lo conducente en materia de violencia política; obviamente, entre otros temas, estamos en espera de ello”, refirió.
Otros conceptos
Datos del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) muestran que en este año se han recibido 56 denuncias que están asociadas con violencia política en razón de género, supuestos actos de campañas anticipadas y de promoción personalizada, por lo que las quejas se analizan para deliberar responsabilidades.
Vila Domínguez explicó que son cinco personas que han sido sancionadas, sin embargo, no en todas las pruebas se ha podido acreditar la responsabilidad administrativa, debido a que no se aportan las pruebas y se declara la no responsabilidad.