“Según una encuesta de Estrategos en 2021, el 72 % de los chiapanecos se opone a la visión del derecho al aborto; diputados, no es representativo afirmar que terminar con la vida en gestación es representación popular”, expuso la ponente Diana Gamboa Aguirre en el “Foro Chiapas, diálogos por la vida”, organizada por el Congreso del Estado.
La maestra en Derecho Constitucional afirmó que el aborto no es una causa popular y tampoco hay una obligación normativa que imponga a los curules el deber de legislar en materia del aborto, a pesar de las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Es importante hacer énfasis en que lo que diga la Corte no obliga al Congreso del Estado ni a los legisladores del estado de Chiapas a cumplir con esto, no están obligados a armonizar, ni están obligados a ratificar la imposición del aborto como un presunto derecho que erróneamente hizo nuestra Suprema Corte”, declaró.
La también docente argumentó que la resolución de la Corte, “en términos simples, está mal hecha” por dos razones: al “no tener ningún arraigo demócrata en última instancia, lo que justifica la validación de las normas” y “el peor vicio de las determinaciones, por haber negado el valor de la vida humana en gestación, la cual tiene protección expresa en la Constitución”.
“En México el aborto es negocio”, dice Gamboa Aguirre, quien señala que organizaciones civiles y laboratorios que tienen clínicas abortivas “han invertido de 2008 a 2016, 18.8 millones de dólares en fomentar la visión del aborto”.
Subrayó que las acciones del Estado deben estar en la prevención o acompañamiento a las mujeres en estado de vulnerabilidad; agregó que “si le das aborto va a regresar al contexto de violencia, pero además va a traer un trauma probablemente físico y psicológico”, por lo cual “tenemos que ponernos creativos y abrir espacios”.
En la apertura de este foro participó el presidente nacional de Iniciativa Ciudadana México, una de las asociaciones que a nivel nacional han promovido el derecho a la vida. Aarón Lara resaltó que el aborto implica la desaparición del titular del derecho.
“El derecho a la vida se traduce en la imposición de ciertos deberes del Estado, entendido este en su sentido amplio como el conjunto de los poderes públicos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que tienen el deber de no lesionar por sí mismos o por la participación de terceros la vida humana; por el contrario, tienen el deber de protegerla”.
También participó el sacerdote Hugo Armando García, integrante del Consejo Interreligioso de Chiapas, quien dijo que “el valor y la inviolabilidad de la vida humana es más oportuno que nunca, más allá de las emergencias sociales y deben fomentarse a nivel cultural y educativo para transmitir a las generaciones futuras para generar conciencia de que la cultura de la vida”. Información de Cuarto Poder.