La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también dictó medidas contra otros 14 excomandantes de ese grupo guerrillero.
El excomandante de las extintas Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC), Pablo Catatumbo, fue imputado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo de justicia transicional establecido tras el Acuerdo de Paz, en 2016.
El actual senador del partido Comunes, por segundo periodo consecutivo, es exintegrante del secretariado de ese grupo guerrillero y excomandante del Bloque Occidental de esa organización armada.
Catatumbo fue imputado por la Sala de Reconocimiento de la JEP por crímenes de guerra y de lesa humanidad como abusos sexuales y abortos forzados, cometidos en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.
Asimismo, Edgar López Gómez, conocido como ‘Pacho Chino’, fue declarado «máximo responsable» de estos hechos y fue llamado a reconocer lo que se le imputa en el caso 02 de la JEP.
Además fueron imputados otros 13 excomandantes de las FARC que estaban al frente de las columnas móviles Mariscal Sucre y Daniel Aldana y del Frente 29: Luis Eduardo Carvajal, conocido como «Gustavo Gorranbo»; Eider Espinoza Feria (Cachorro); Groelfi Rodríguez Moreno (Ramiro Cortéz); Wilfrido Ávila Fuente (Mondanga); Rubiel Torres Mondragón (Tachuela); Arlex Porras Gómez (Yesid Guevara); Fabio Murcia Camacho (Vitamina); Jair Enrique Acosta (Javier Guzmán); Ricardo Palomino (Jario Perdomo); Alberto López Palomino (William Santamaría); José Castro (El doctor); Diego González (El pollo); y Juan Carlos Caicedo (El gordo).
¿De qué se trata el caso 02?
Este caso, abierto en julio de 2018, investiga más de 12 graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario cometidas en los territorios priorizados por miembros del grupo guerrillero y de la Fuerza Pública entre 1990 y 2016.
Las principales víctimas son pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, campesinos, mujeres, niños y personas LGBTI en los municipios Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en el departamento de Nariño.
¿Qué alcance tienen estas sanciones?
Las sanciones serán impuestas por la mencionada sala a los «comparecientes que fueron partícipes determinantes en la comisión de los crímenes más graves y representativos del conflicto armado, siempre y cuando aporten verdad plena y acepten la responsabilidad».
Estas medidas tendrán una duración de cinco a ocho años y consisten en la realización de Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (TOAR) y restricción efectiva de libertades y derechos, como la libertad de residencia y movimiento. Información de RT.