Representantes ante el INE de Hacemos Historia, sostienen que se violenta el derecho a una tutela judicial efectiva por falta de exhaustividad en la resolución
Sofí Vargas
La coalición “Juntos Hacemos Historia”, busca descarrilar al Frente Amplio por México por lo que impugnó la legalidad de su registro, debido a que está vigente una alianza que firmaron el Partido Acción Nacional y el de la Revolución Democrática con Movimiento Ciudadano.
El acuerdo, que se oficializó el 29 de septiembre del 2017, previo a las elecciones presidenciales en las que apoyaron como su candidato a Ricardo Anaya, culmina hasta diciembre del 2024, igual que el signado por el FAM.
Las dirigencias de Morena, del Partido del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista de México (PVEM) señalan que no puede haber dos convenios con partidos repetidos, por lo que impugnaron la actual conformación que a todas luces es ilegal, y que fue declarada procedente por el Consejo General del INE, el pasado 20 de julio.
En el escrito la representación de Morena ante el INE, argumentó que el acuerdo del INE viola el principio de legalidad por falta de exhaustividad, toda vez que la autoridad electoral no verificó la vigencia de la alianza PAN, PRD y MC.
Señaló que el Consejo General no revisó que la actual conformación política pretende realizar una consulta para la selección del responsable para la construcción del Frente Amplio, lo cual configura una simulación y un fraude a la ley, porque si ya está constituido el frente, no tiene sentido la consulta para elegir al representante.
“Si bien es cierto la autoridad responsable señaló que no existe disposición expresa en la Ley General de partidos Políticos para que los institutos pudieran suscribirse o pertenecer a más de un convenio de frente para alcanzar objetivos, lo cierto es que la autoridad responsable fue omisa en pronunciarse sobre los principios de simultaneidad y de uniformidad a la luz del derecho de asociación”.
“De ahí se sostiene que se violentó el principio de legalidad y el derecho a una tutela judicial efectiva de mi representado, por falta de exhaustividad en la resolución”, relata en el escrito.
Silvano Garay, representante del PT, destacó que el acuerdo del INE causa “un perjuicio grave” al principio de legalidad, derivado de la “permisividad que otorgó el Consejo General para utilizar los tiempos de radio y televisión para darse a conocer ante la ciudadanía”.