Alfa González, alcaldesa de Tlalpan, ejecutó irregularmente cuando menos cuatro millones 284 mil 836 pesos, correspondientes a la partida para el Presupuesto Participativo de 2022.
Los proyectos elegidos por la ciudadanía de Tlalpan en los que no se ejercieron adecuadamente son: Centro de Salud Ma. Esther Zuno de Echeverría, el muro de contención en Valle Verde y las banquetas con colector pluvial en Santa Úrsula Xitla.
Cabe recordar que el Presupuesto Participativo equivale al 3.7 por ciento del total ejercicio anualmente por la alcaldía, que en 2022 fue de 101.4 millones de pesos, es decir más de 27 millones de pesos. Esta cantidad se divide de manera igualitaria entre todas las colonias y pueblos de la alcaldía Tlalpan.
Todos los proyectos fueron deficientemente ejecutados y las obras quedaron inconclusas.
En el caso del centro de Salud Ma. Esther Zuno de Echeverría la obra de remodelación quedó a medias, pues no se terminó el segundo nivel, como González había prometido.
Tras la pandemia originada por el COVID-19, los tlalpenses que participaron en el ejercicio de Presupuesto Participativo consideraron que el fortalecimiento de los servicios de salud de la demarcación era prioritario, no obstante, la alcaldesa perredista los defraudó.
Otra irregularidad se presentó en el muro de contención en Valle Verde. Este proyecto, crucial para la seguridad comunitaria, también quedó a medias.
Lo mismo ocurrió con las banquetas con colector pluvial en Santa Úrsula Xitla, pues las mejoras requeridas en infraestructura urbana, destinadas a esta área no fueron completadas.
IRREGULARIDADES COMPARTIDAS
Ante la demanda ciudadana de mejorar la seguridad en la alcaldía de Tlalpan, donde grupos de invasores se han aliado con Alfa González, los tlalpenses, mediante el Presupuesto Participativo, pidieron la instalación de alarmas de seguridad vecinales.
No obstante, el proyecto fue registrado 336 veces en 86 colonias distintas, tanto en Tlalpan como en Coyoacán, gobernada por José Giovani Gutiérrez Aguilar.
Esta anomalía fraudulenta fue formalmente reportada al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).
GRUPO EFEM, BAJO LA LUPA
La empresa GRUPO EFEM, encargada de gran parte de estos proyectos, no sólo mostró resultados inconclusos y deficientes, sino que además recibió contratos adicionales por más de tres millones de pesos en 2023.
Otorgar contratos repetidos a una empresa cuyos trabajos resultan incompletos y deficientes, revela un manejo irresponsable y opaco de los fondos públicos.
DESFALCOS EN PROGRAMAS SOCIALES
Las irregularidades en la administración de Alfa González no se suscriben solamente en la ejecución del Presupuesto Participativo, de acuerdo con una investigación de Reporte Índigo, firmada por el reportero David Martínez.
La Contraloría local de la Ciudad de México reveló que durante 2022, la alcaldía Tlalpan ejecutó programas sociales irregularmente e incurrió en un desfalco de casi 800 mil pesos, mediante pagos injustificados y anomalías en los registros de beneficiarios.
En el primer trimestre de 2023, la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX realizó la auditoría A-01/2023, clave 5-6-8-10, al rubro de Programas Sociales del Gobierno de Tlalpan.
Tras la investigación, la dependencia del Gobierno de la CDMX hizo señalamientos en programas como Activando Tlalpan, que busca fomentar la actividad física y deportiva entre los tlalpenses.
De acuerdo con el pliego de observaciones, el primer hallazgo fue que hubo un total de 785 mil pesos pagados injustificadamente a facilitadores de la iniciativa, en incumplimiento de las reglas de operación.
“A nueve facilitadores beneficiarios del programa social Activando Tlalpan en el ejercicio 2022, mismos que no se encuentran en el Padrón de Beneficiarios de la alcaldía Tlalpan, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se les pagó un monto de 235 mil pesos”, detalla la investigación de la Contraloría capitalina.
Asimismo, se detectó a 15 facilitadores del programa social, a quienes se les pagó durante ese año un total de 550 mil pesos, a pesar de no cumplir con la documentación que estipulaban los lineamientos y reglas de operación de dicha estrategia.
“En conclusión, se observa que los servidores públicos con los cargos de coordinador de Desarrollo de Actividades Deportivas y el jefe de la Unidad Departamental de Promoción Deportiva no actuaron con la máxima diligencia dentro de las funciones establecidas en la Reglas de Operación del programa social denominado Activando Tlalpan, pues fueron omisos en verificar que los facilitadores contaran con los requisitos solicitados por el programa”, añade el documento obtenido por Reporte Índigo a través de transparencia.
En este particular, la Contraloría indicó que las áreas correspondientes deben garantizar el reintegro de los 785 mil pesos pagados sin justificación.
Pidió además emitir un informe pormenorizado para dar a conocer las razones por las que realizó dichos pagos.
MÁS ANOMALÍAS
El segundo señalamiento de anomalías detectado por Reporte Índigo corresponde a dos beneficiarios del programa Desarrollo Forestal Sustentable 2022, que no acreditaron la posesión legal de las propiedades agrarias para las que se les otorgó un apoyo económico.
Además, se ubicó a otros cinco beneficiarios que eran prestadores de servicios del gobierno capitalino al momento de estar inscritos en el programa, lo que constituye una violación a las reglas de operación de la acción social.
Asimismo, otros 10 beneficiarios no acreditaron el cumplimiento de la normativa en materia ambiental para poder ser parte del programa.
“Diez de los beneficiarios no cumplieron con la normativa en materia ambiental, toda vez que no presentaron la documentación que acredite haber obtenido la autorización de impacto ambiental”, detalla la investigación.
La Contraloría capitalina añadió que la alcaldía Tlalpan limitó el alcance de la indagatoria al entregar la información requerida de manera tardía.
“Este órgano de control encontró como limitante la entrega tardía de la documentación solicitada, motivo por el que se desfasaron actividades debidamente programadas”, añadió.
Sin embargo, debido a que la auditoría continúa, el gobierno de Alfa González está obligado a aclarar las observaciones realizadas por la Contraloría, situación que hasta hoy no ha ocurrido.