La ministra de la Corte compartió un documento donde solicita que sea inscrita al ISSSTE y no a seguros privados.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, solicitó que su remuneración no exceda lo que determina la Constitución Política.
La ministra de la Corte compartió un documento, donde también solicita que se le inscriba al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y «no en alguno de sus seguros privados».
“En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la SCJN que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución, y se me inscriba al ISSSTE, no a alguno de sus seguros privados”.
«Se me otorguen las prestaciones que conforma derecho corresponde, sin incluir seguro de separación individualizado, ni cajas de ahorro especiales, conforme a lo dispuesto en los artículos 1 párrafo segundo y 16 fracción IV de la Ley Federal de austeridad republicana».
De acuerdo con el oficio LBG/003/2023, pidió a la ministra presidenta instruir al personal de Recursos Humanos del Alto Tribunal para que le sea asignado el salario conforme al monto dispuesto en el artículo 127, el cual establece que ni un servidor público puede obtener un sueldo superior al del Presidente de la República.
«No obstante, le solicito se garanticen las condiciones salías para el buen desempeño de la ponencia a mi cargo».
El pasado jueves la ministra Lenia Batres fue recibida por el Pleno de la Corte y en su primera intervención sacudió al Alto Tribunal.
Dijo que el máximo tribunal de justicia del país ha estado por encima de la Constitución y se ha atribuido facultades para la legislar, y la acusó de falta de sensibilidad para atender la problemática de la inseguridad, además de que cuestionó los salarios de sus compañeros.
“Estos que he denominado excesos, indican que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una constitución subordinada a la Suprema Corte, al grado de que se escucha entre litigantes decir: ‘¿y qué dice la Constitución al respecto’ Lo que indique la Suprema Corte’”, expresó.
Lenia Batres advirtió que el Alto Tribunal no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales, amparada en que sus decisiones son inatacables.
Indicó que una cosa es que la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tengan facultades reglamentarias para facilitar vía acuerdos generales la impartición de justicia y algo muy distinto es que esos acuerdos tengan validez general, y se conviertan o funcionen como ley suprema de la unión.
“Podrían decir que la Suprema Corte sí es el órgano supremo en el país porque puede anular leyes por mayoría calificada, pero se equivocan porque si actuara como verdadero Tribunal Constitucional no prevalecería la Suprema Corte, sino la Constitución”, enfatizó.
También cuestionó la falta de sensibilidad de la Corte por el tema de la inseguridad.
Y ejemplificó:
“Si algunos elementos de las policías preventivas ministeriales o de la Guardia Nacional cometen errores en el llenado, por ejemplo, del famoso informe policial homologado, los juicios deberían tener algún momento procesal para subsanar esos errores, es decir, para que opere la suplencia de la queja en favor de las víctimas en vez de generar impunidad en la persecución de los delitos.
“En este tipo de problemas es en los que se esperaría un fuerte activismo judicial de una Corte sensible al principal problema del país, que desde hace un cuarto de siglo nos aqueja, lejos de ello tenemos una Corte enfocada en casos que tienen fuertes implicaciones políticas, que, incluso, involucran afectaciones al orden público y al interés social, como la declaración de invalidez de leyes o de normas que buscan proteger los bienes nacionales, caso de la Ley de la Industria Eléctrica o distribuir el poder como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”, subrayó. Información de Milenio