“El Poder del Consumidor” y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) hicieron un llamado “impostergable” a las autoridades educativas, así como a legisladoras y legisladores, para priorizar los derechos a la salud y alimentación adecuada en el entorno escolar.
Las organizaciones enfatizaron en que esta acción debe ser adoptada como una medida no negociable, ante cualquier interés público y privado, para proteger a la infancia en México ante el inicio del nuevo ciclo escolar 2023-2024.
“Tras la catástrofe en la educación, salud y nutrición infantil agravada por la pandemia por coronavirus, se esperaba que el Estado diera frente con acciones contundentes para garantizar espacios de protección infantil, como lo es una escuela saludable”, señalaron en un pronunciamiento conjunto.
Hicieron hincapié en que las escuelas del país vulneran sus derechos al no cumplir con la regulación que prohíbe la venta de comida chatarra y bebidas azucaradas. Ante este panorama, “El Poder del Consumidor” y la Redim, a través de la plataforma Mi Escuela Saludable, realizaron un ejercicio de vigilancia ciudadana a nivel nacional.
Reportes 2022-2023
El estudio se hizo durante el ciclo escolar 2022-2023, periodo en el que se recibió un total de 13 mil 432 reportes hacia 9 mil 381 escuelas del país sobre la venta de comida chatarra, a pesar de que hace más de una década existe una regulación que la prohíbe.
Frente a esta situación, se tiene conocimiento de que nueve de cada 10 escuelas venden cualquier tipo de dulces, frituras y bebidas con azúcares, edulcorantes y colorantes que dañan la salud, la nutrición y el aprendizaje. “Urge regular los entornos escolares sin conflicto de interés”, se destacó.
El pasado mes de abril, la Unicef, FAO y el DIF realizaron un posicionamiento conjunto en el que mostraron su preocupación por proteger el interés superior de la niñez, con el fin de gozar de una alimentación saludable, nutritiva, suficiente y de calidad.
También hicieron un llamado a los tomadores de decisiones a crear escuelas libres de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, contar con una alimentación escolar universal y gratuita, así como rechazar cualquier acción que interfiera en la creación de políticas públicas que buscan proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA).