El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, informó que a través de varias acciones penales, la empresa reclama a María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la devolución de más de 31 millones de pesos que recibió por presuntos “pagos indebidos” que por años cobró como seguros y la pensión vitalicia por el fallecimiento de su esposo, pues resaltó que la causa no fue accidente sino suicidio.
El reclamo de Pemex contra Amparo Casar fue exhibido durante la conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional, como “un caso de corrupción”.
El funcionario federal acusó a la intelectual de doble moral, ya que hoy encabeza una organización que supuestamente combate la corrupción, la cual pertenece a Claudio X. González.
“Esto es un caso importante porque es un caso de corrupción encabezado por quien dice combatir la corrupción, o quien encabeza a los mexicanos, ellos dicen que son a favor, en contra de la corrupción, pero son a favor de la corrupción”.
El 7 de octubre de 2004, el esposo de Amparo Casar, Carlos Fernando Márquez, que era coordinador de Asesores de la Dirección de Administración de Pemex, falleció al caer de una ventana del piso 12 del Edificio A de la petrolera.
Romero Oropeza señaló que Amparo Casar reclamó el pago de seguro, la ayuda de gastos funerarios, la pensión post mortem y la pensión para su hijos y para ella.
“Hay que señalar que todo esto fue antes de que hubiera un dictamen pericial. Los directivos de Pemex le dieron tratamiento de accidente, omitiendo esperar el dictamen pericial del ministerio público que finalmente resolvió que había sido un suicidio”, subrayó.
Amparo Casar acudió en 2004, junto al escritor y columnista Héctor Aguilar Camín, a ver al entonces procurador del Distrito Federal, Bernardo Batiz, para pedirle que modificara el dictamen pericial, que no apareciera suicido, sino que pareciera accidente, para que procediera el pago, tanto del seguro, como de la jubilación.
Sin embargo, la petición fue rechazada.
Para entonces, era jefe de Gobierno de la capital el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. El caso, dijo, lo retomó la actual administración federal.
“¿Qué hicimos? Se solicitaron copias certificadas a la Fiscalía General de la Ciudad de México. Al estudiarlas, el dictamen pericial determina que no hay ejercicio de acción penal, ninguna persona privó de la vida al señor Fernández Márquez porque él se quitó la vida, se suicidó.
“Entonces, al verificarse que este señor intencionalmente se privó de la vida se suspendieron de inmediato las prestaciones que habían estado reconociéndose y pagándose a favor de la señora María Amparo Casar y se realizaron ya las denuncias correspondientes contra quienes participaron. Entonces, hay diversas acciones en trámite porque estamos intentando recuperar los montos indebidamente pagados que son estimados en más de 31 millones de pesos, así como fincar responsabilidades a servidores públicos involucrados”, relató.