Lacandones exponen que están siendo víctimas de agresiones y señalamientos por parte de habitantes de otras comunidades del municipio de Ocosingo. Al respecto, el abogado defensor de las comunidades lacandonas, Jorge Luis Gómez, apuntó que dede hace más de 22 años representa a estos grupos.
Dio a conocer que existe un conflicto de seguridad complicado en esta región, por lo que recientemente promovió dos denuncias penales. La primera por hechos registrados el pasado 11 de diciembre, durante la madrugada, en donde señala que elementos de la Guardia Nacional (comisionados en el punto conocido como crucero “San Javier”) acudieron a la población Bethel-Lacanjá en Ocosingo.
En ese lugar se internaron en la vivienda de una familia lacandona, sin que mediara documento legal alguno, por lo que ya se presentó la denuncia correspondiente ante la autoridad competente.
Argumento
Sobre el posible motivo que originó esta acción, informó que está vinculado a una serie de señalamientos por parte de habitantes de la comunidad Frontera Corozal, del mismo municipio de Ocosingo, quienes argumentan que los pobladores lacandones están vinculados al crimen organizado, lo cual no se ha probado si es cierto o no.
Asegura que bajo la complacencia de las mismas autoridades se ha actuado de manera similar, pues es la segunda ocasión en que se internan en dicha vivienda sin contar con una justificación legal.
Explica que la víctima —de la cual se reservan sus datos por seguridad— se ha dedicado a labores de seguridad, así como agente municipal de Lacanjá, aunque recientemente se dedicó a actividades de agricultura y ganadería, pero ninguna actividad vinculada a actos ilícitos.
Precisa que en la primera incursión la víctima sufrió del robo de dinero en efectivo que había obtenido como producto de la venta de su ganado, de lo cual hasta se tiene justificación.
Agrega que el domicilio de la víctima fue prácticamente destrozado en la incursión ilegal de los elementos, sin que hasta ahora se haya documentado por parte de las autoridades competentes de procuración de justicia.
Exponen que algunos de los grupos agresores están armados, lo que genera gran preocupación por la seguridad de los pobladores.