Por: Arturo García Caudillo
Redes de corrupción que se han ido tejiendo durante dos décadas, han evitado que los legítimos dueños de las tierras recuperen lo que por Ley les pertenece. Tal es el caso del Ejido El Bajío en Caborca, Sonora, donde una juez y el comisariado ejidal se han negado a cumplir con los laudos emitidos por los Tribunales Agrarios, tratando de quedarse con más de dos mil hectáreas ricas en oro y plata.
El apoderado legal de los afectados, Rubén Olivares, explica que “realmente, los ejidatarios, la familia Cruz y otros ejidatarios, pensábamos, junto con los apoderados, que el enemigo a vencer era la compañía minera, pero no, no es así, el enemigo a vencer es el propio comisariado ejidal y la propia magistrada Alejandrina Gómez Rey del distrito 28 con sede en Hermosillo Sonora, toda vez que ellos en su red compleja de corrupción van evitado a toda costa se cumplimenten las sentencias que desde hace años están pendientes de ejecución por el interés de seguir robando el oro de las tierras de uso común”.
Es importante resaltar que debido a que presentó documentos apócrifos con firmas falsas, el comisariado ejidal fue condenado en el 2009 para no ejecutar actos en contra de las familias Cruz Pérez, Cruz López y Cruz Figueroa, que son los ejidatarios directamente afectados con el despojo de estas dos mil hectáreas.
Ante tantas irregularidades por parte de quienes deberían hacer cumplir y están obligados a apegarse a la Ley, los ejidatarios de Sonora han solicitado al Senado de la República, llamar a comparecer a la magistrada Alejandrina Gómez Rey, para que dé cuenta de su actuar y de su participación en esta red de corrupción.
“Se solicita a la Comisión Agraria del Senado mande comparecer a la magistrada Alejandrina Gama Rey para que rinda un informe detallado de las más de 67 sentencias agrarias del Ejido El Bajío que tiene congeladas y que no ha querido cumplir. Es decir, están en etapa de ejecución y ella ha entorpecido el que se logre hacer cumplir estas determinaciones agrarias”, detalla el vocero de los ejidatarios afectados, Rubén Olivares.
Olivares explica que la juez y el comisariado ejidal simularon que los ejidatarios habían perdido sus derechos sobre estas tierras, presentando copias simples de documentos ilegales, a pesar de que hay una sentencia en firme que data del 2011.
Lo que están haciendo, añade, se le conoce como fraude procesal e implica penas de cárcel de entre dos y seis años, de acuerdo al Código Penal Federal.
Por tal motivo, la intención es hacer comparecer también al comisariado ejidal del municipio “El Bajio” en Caborca, Javier Thomas, por intento de despojo y haber retrasado el cumplimiento de la excitativa de justicia emitida por el Tribunal Superior Agrario, donde se ordena la restitución de estas tierras.