Como una «grave irresponsabilidad” calificó el gobierno de México la divulgación de un proyecto de sentencia en el que, supuestamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) propone invalidar la primera parte del “Plan B” de la reforma electoral aprobado por el poder Legislativo en diciembre de 2022.
En un comunicado, Presidencia de la República señaló que la filtración de información reservada “es una práctica ilegal que afecta el principio de imparcialidad de los funcionarios que imparten justicia en nuestro país”.
Indicó que esto está estipulado en “el artículo 206, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública prohíbe, entre otras conductas, usar, sustraer o divulgar, total o parcialmente, la información que se encuentre bajo la custodia de los servidores públicos”.
Apuntó que “el actuar de la SCJN no constituye un acto de transparencia, sino de irresponsabilidad, ya que dicho procedimiento judicial aún se encuentra en trámite y no ha sido incluido en la lista oficial de asuntos por resolver en el pleno, por lo cual se viola flagrantemente el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación”.
«Quién es responsable de resguardar la información de un expediente judicial en trámite ante el alto tribunal? ¿Con qué intención alguien de la SCJN filtró a un medio de comunicación, en exclusiva, un proyecto de sentencia tan relevante? ¿A cambio de qué se entregó la información reservada? La filtración de información ¿afecta o no el principio de imparcialidad de los demás jueces constitucionales? ¿Es causa de responsabilidad grave la divulgación indebida de esta información? Son cuestionamientos que la SCJN debe responder al pueblo de México“, cuestionó Presidencia.
La dependencia federal resaltó que La Corte «no difundió de forma institucional el proyecto de sentencia, sino que lo entregó clandestinamente a un medio de comunicación, lo cual contamina el proceso deliberativo de los integrantes del pleno, pues los demás ministros no conocían el proyecto que se divulgó ante la opinión pública, lo cual trasciende de manera negativa al principio de imparcialidad previsto en el artículo 17 constitucional».
Subrayó que los jueces – al ser servidores públicos – sus sentencias y sus actos demuestran el respeto hacia el Estado de Derecho, por lo que en este caso de filtración de información reservada espera «que la SCJN inicie, de oficio, la investigación interna que corresponda a efecto de deslindar responsabilidades y evitar, en futuros casos, este tipo de conductas ilegales».
Concluyó que La Corte, al ser el máximo tribunal de justicia de este país, «está llamado a ser ejemplo de pulcritud en el desarrollo de los procedimientos judiciales, ya que juzga con rigidez los actos de otros poderes y, al no existir instancia legal que revise su actuar lícito, corresponde al pueblo de México exigir a cada juez el apego irrestricto a la nuestra Constitución».
