La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ordenó iniciar investigaciones contra el ministro en retiro y miembro del equipo político de Claudia Sheinbaum, Arturo Zaldívar y algunos de sus excolaboradores por actos de corrupción y por “vulnerar la autonomía e independencia” del Poder Judicial.
El 9 de abril, la ministra Piña dijo haber recibido “una denuncia anónima” contra Zaldívar y otros ex integrantes del Consejo de la Judicatura Federal por actos cometidos entre 2019 y 2022 “que pudieran constituir causa de responsabilidad administrativa”.
Zaldívar es acusado de “vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”.
Según el expediente del caso, Zaldívar ejerció presión sobre los titulares de órganos jurisdiccionales a través del entonces secretario general de Presidencia del Consejo, Carlos Antonio Alpízar Salazar, a fin de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos y económicos.
Por ejemplo, Carlos Antonio Alpízar Salazar es acusado a su vez de enriquecimiento ilícito, corrupción y/o extorsión.
Este pudo obtener grandes sumas de dinero y beneficios políticos tras ponerse a las órdenes del ex consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra.
Carlos Antonio Alpízar Salazar fue designado titular de la Unidad de Desarrollo Democrático en la Segob en marzo de 2023.
Otro de los exfuncionarios del consejo implicados es Édgar Manuel Bonilla del Ángel, entonces titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, quien es señalado de delincuencia organizada institucional.
Por su parte, Netzaí Sandoval Ballesteros es señalado de presionar a defensores y asesores para que actuaran conforme a sus intereses durante su actuación como director del Instituto Federal de Defensoría Pública.
Sandoval es secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama.
De acreditarse estos hechos, pudieran significar la existencia de actos que atentan contra la independencia de la función judicial; falta de imparcialidad y profesionalismo; violencia sexual; cohecho; abuso de funciones; desvío de recursos y enriquecimiento oculto.
HAY MOTIVACIÓN POLÍTICA: ZALDÍVAR
Por su parte, Arturo Zaldívar desestimó la investigación, pues se trata de un tema político y responsabilizó a Piña de implementarla.
“La admisión de una denuncia anónima y sin pruebas es algo inédito y muy grave. Filtrarla a los medios (de comunicación) aún más.
“La intencionalidad política de la ministra Norma Piña es evidente. Hay desesperación frente al resultado electoral y la inminente reforma judicial”, posteó en su cuenta de X.