En asamblea general 112 comunidades acordaron no sumarse a los bloqueos que organizan un grupo reducido de pobladores a la entrada de este municipio y que afecta a localidades circunvecinas
Con un rotundo ¡no al efectivo, sí a las obras!,112 comunidades, en asamblea general, acordaron no sumarse a un grupo de pobladores que pretenden chantajear a las autoridades estatales y municipales mediante bloqueos, con el objeto de tener dinero en efectivo, en lugar de llevar a cabo obras de beneficio colectivo y social.
Durante la asamblea celebrada en la localidad de Chaonil, representantes y autoridades tradicionales de las 112 comunidades, analizaron a detalle las peticiones de un grupo de personas encabezadas por Guillermo Méndez, presidente del patronato de agua, así como a Javier Santiz Tsit, Hermenegildo Gómez, Roman Méndez y Carlos Ángel Sánchez, quienes realizan un bloqueo en la entrada de la cabecera municipal.
Tras deliberar, las autoridades determinaron que ante el atraso que se vive en el municipio en materia de comunicaciones (carreteras), infraestructura, así como obras de impacto social, no sumarse al bloqueo que efectúa este grupo.
Acordaron que el bloqueo no es una opción viable y lo condenaron enérgicamente, pidiendo a las autoridades estatales y federales que se lleve a cabo el desalojo de este grupo que pone en riesgo la paz y el desarrollo del municipio, además de que afectan al ser el paso de la carretera federal a municipios aledaños.
Las autoridades comunitarias, por primera vez, levantaron la voz y exigieron al gobierno estatal y federal la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad, dado a las afectaciones económicas y sociales que produce este movimiento, motivado por intereses de sus líderes, quienes pretenden chantajear a las autoridades municipales.
Explicaron que están cansados de estas acciones de este grupo que sólo busca seguir creando la idea de que Oxchuc es un municipio de conflicto, cuando, advirtieron, es lo contrario.
Ante ello señalaron que en caso de que la autoridad estatal no aplique el Estado de Derecho a estas personas buscarán por cuenta propia liberar el tránsito, pues afecta significativamente el traslado de enfermos y personas de la tercera edad.
Los asambleístas y representantes de las 112 comunidades dijeron no a la entrega de 15 mil pesos, ya que es una violación a las leyes y es considerado delito y ellos no caerán “en esos juegos y chantajes políticos al estilo de Juan Encinos y Óscar Pul y que han afectado grandemente la paz social del pueblo”.
Finalmente, responsabilizan directamente de cualquier brote de violencia que rompa la paz social a Guillermo Méndez, presidente del patronato de agua, así como a Javier Santiz Tsit, Hermenegildo Gómez, Roman Méndez y Carlos Ángel Sánchez.