- Berenice «N», alias La China o La Sheena, fue detenida en Altamira por su probable participación en el asesinato de 17 migrantes centroamericanos y dos mexicanos en Camargo, Tamaulipas.
- El exgobernador panista creó y presentó personalmente a los GOPES como una fuerza de élite contra el crimen organizado. Cinco meses después, integrantes de esa corporación participaron en la masacre; once policías recibieron condenas de 50 años de prisión.
CIUDAD VICTORIA, TAMPS.— La corporación policial que Francisco Javier García Cabeza de Vaca presentó como una de las principales apuestas de seguridad de su gobierno vuelve a quedar bajo el escrutinio judicial. La Policía de Investigación de Tamaulipas detuvo a otra exagente vinculada con el Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), cuyos integrantes participaron en la masacre de 19 personas en Camargo, en enero de 2021.
Se trata de Berenice «N», conocida como La China o La Sheena, exintegrante de la Policía Estatal vinculada con los GOPES, detenida el 26 de octubre en la colonia Albañiles de Altamira, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable participación en homicidio calificado.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, la mujer quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente. La institución no precisó cuál habría sido su intervención específica en los asesinatos, por lo que su responsabilidad deberá determinarse durante el proceso penal.
La nueva captura se suma a las investigaciones de uno de los episodios más graves de violencia policial registrados durante la administración panista, por el cual once agentes recibieron condenas de 50 años de prisión y otro fue sentenciado a 19 años por delitos distintos.
La fuerza de élite que presumía Cabeza de Vaca
El 7 de agosto de 2020, el entonces gobernador encabezó en Ciudad Victoria una ceremonia para presentar a los GOPES, corporación creada administrativamente mediante un decreto del 8 de julio de ese mismo año, dentro de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
El acto incluyó un despliegue de helicópteros, vehículos blindados y elementos tácticos. El gobierno anunció que la unidad estaba integrada inicialmente por 150 agentes seleccionados y capacitados para enfrentar a organizaciones criminales y responder a situaciones de alto riesgo.
La corporación contaba con tres helicópteros, drones, binomios caninos, 25 vehículos blindados y bases operativas en Reynosa y Ciudad Victoria, además de autonomía técnica, operativa y de gestión.
Durante aquella presentación, García Cabeza de Vaca advirtió:
«A los delincuentes les decimos que en Tamaulipas violar la ley y atentar contra la paz de nuestro estado, poniendo en riesgo la seguridad de nuestra gente, tendrá una respuesta inmediata y enérgica del Estado».
La promesa de combatir al crimen organizado con una policía especializada quedó profundamente cuestionada cinco meses después, cuando integrantes de aquella unidad participaron en el asesinato de 19 personas que transitaban por Tamaulipas hacia Estados Unidos.
De combatir delincuentes a participar en una masacre
El 22 de enero de 2021 fueron encontrados los cuerpos de 16 guatemaltecos, un salvadoreño y dos mexicanos en una brecha del ejido Santa Anita, municipio de Camargo.
Las víctimas habían sido asesinadas a balazos y sus cuerpos fueron calcinados en una camioneta Chevrolet Silverado que presentaba múltiples impactos de bala. En el lugar también fue localizada una Toyota Sequoia incendiada.
Las investigaciones establecieron que policías estatales, incluidos integrantes de los GOPES, participaron en el ataque y posteriormente realizaron acciones para alterar la escena del crimen.
El caso provocó indignación internacional y exhibió graves fallas en la actuación de una corporación que había sido creada y equipada por el gobierno estatal para garantizar la seguridad de la población.
Durante el juicio, uno de los policías involucrados declaró que, después del primer ataque, se emitieron órdenes para asesinar a quienes habían sobrevivido.
En la reconstrucción judicial fueron mencionados Horacio Rocha Nambo, comandante de los GOPES, y Mayra Elizabeth Santillana, coordinadora regional de la Policía Estatal, quienes ejercían funciones de mando durante la administración de García Cabeza de Vaca.
El proceso también documentó maniobras para modificar la escena del crimen y ocultar las circunstancias en las que murieron las víctimas.
En 2023, once policías fueron condenados a 50 años de prisión por los homicidios, mientras que otro agente recibió una pena de 19 años por delitos distintos.
Los abusos que marcaron a los GOPES
La masacre de Camargo no fue el único episodio que colocó bajo cuestionamiento a la corporación creada durante el gobierno panista.
Organizaciones defensoras de derechos humanos documentaron denuncias por presuntos abusos de autoridad, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza en municipios fronterizos.
En enero de 2021, habitantes de Ciudad Mier denunciaron incursiones violentas de elementos de los GOPES y la desaparición de dos personas, hechos que provocaron protestas de familiares y pobladores.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo también documentó señalamientos contra policías estatales por presuntas violaciones a los derechos humanos durante aquella administración.
Aunque estas denuncias deben distinguirse de los delitos judicialmente acreditados, muestran que la actuación de la corporación había generado cuestionamientos públicos.
En octubre de 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 168VG/2024, en la que documentó graves violaciones al derecho a la vida y uso ilegítimo de la fuerza por parte de elementos estatales durante la masacre de Camargo.
La CNDH también identificó afectaciones a familiares de las víctimas, particularmente a niñas y niños, y recomendó reparación integral del daño, compensaciones económicas, atención médica y psicológica y garantías de no repetición.
Las investigaciones siguen alcanzando a los GOPES
Las sentencias dictadas en 2023 no significaron el cierre del expediente.
En septiembre de 2026 fue recapturado José Arturo Alfaro Acuña, otro exintegrante de los GOPES relacionado con la investigación. Un mes después, las autoridades ejecutaron la orden de aprehensión contra Berenice «N».
Los GOPES fueron disueltos operativamente y sustituidos por las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal. En noviembre de 2024 quedó formalmente extinguida la Dirección de Operaciones Especiales, estructura creada durante la administración de García Cabeza de Vaca.
Sin embargo, la desaparición de la corporación no eliminó las responsabilidades penales de sus integrantes ni las preguntas sobre los controles institucionales que existían durante su operación.
Hasta ahora, no existe información judicial que acredite que García Cabeza de Vaca haya ordenado o participado en los asesinatos. Lo que sí está documentado es que su gobierno creó, equipó y presentó públicamente a la unidad policial cuyos agentes fueron posteriormente condenados por la masacre.
En enero de 2026, al cumplirse cinco años de los hechos, la Fundación para la Justicia y organizaciones que acompañan a las familias denunciaron que persistían pendientes en materia de verdad, justicia y reparación integral, además de exigir que se investigara a fondo la cadena de mando.
La detención de Berenice «N» vuelve a poner bajo escrutinio el legado de seguridad de García Cabeza de Vaca: una corporación anunciada como fuerza de élite contra el crimen organizado terminó involucrada en el asesinato de 19 personas, mientras las investigaciones siguen abiertas y las familias continúan reclamando el esclarecimiento completo de los hechos.