Por Jorge Ramón Rizzo*
La trágica muerte de la adolescente de 13 años, Dafne Zapata Quintos Martínez, el pasado 16 de julio durante un campamento de verano en la «Academia Militarizada Marina Doenitz» en Ciudad Madero, Tamaulipas, ha destapado una alarmante realidad en México: la proliferación de planteles, academias y cursos particulares que operan bajo una supuesta doctrina castrense, aprovechándose de un vacío legal y de una ambigüedad institucional donde ninguna autoridad parece querer asumir la responsabilidad de su vigilancia.
Porque mientras en Estados Unidos «Culver Summer Schools & Camps» en Indiana ó «Camden Military Academy Summer Programs» de Carolina del Sur, son regulados por ministerios de educación o de defensa; en México se echan la bolita y nadie supo, sabe o sabrá el esquema de validez y funcionalidad de escuelas o cursos de este tipo en nuestro país.
La muerte de Dafne, una niña de 13 años, durante éste campamento de verano activó una serie de deslindes institucionales: La Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado, emitió comunicados para aclarar que no existe un marco normativo o criterio que autorice servicios educativos de nivel básico bajo denominaciones como «militarizada» o «castrense».
Por su parte, la Secretaría de la Defensa reiteró que carece de atribuciones y facultades para supervisar, regular o avalar estos planteles de carácter civil, los cuales operan usualmente mediante un Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) genérico otorgado a nivel estatal o federal, sin que este documento certifique las dinámicas de un campamento o internado.
Incluso la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, intervino en su conferencia de prensa matutina del viernes, señalando que la responsabilidad de investigar y auditar la operatividad de estos centros recae exclusivamente en los gobiernos estatales.
Este cruce de deslindes revela una contradicción estructural profunda: si la SEP prohíbe formalmente estas modalidades y la SEDENA no tiene facultades sobre planteles civiles, ¿Cómo es posible que la Academia Marina Doenitz haya operado comercialmente durante décadas utilizando insignias, uniformes similares a los de la Marina y un esquema de adiestramiento físico extremo?
La respuesta reside en la opacidad burocrática. Muchas de estas academias obtienen registros comerciales o permisos locales genéricos como «guarderías», «clubes deportivos» o «centros de regularización» ante los municipios o las secretarías estatales, lo que les permite evadir los estrictos filtros de los RVOE de la SEP y si le agregamos la falta de una fiscalización interesecretarial, encontramos el hecho de que particulares sin capacitación militar real, o incluso impostores que simulan mandos castrenses, vendan supuestos programas que «forjan carácter» y disciplina a familias que buscan legítimamente alejar a sus hijos de entornos de ocio, drogadicción o violencia.
Bajo la fachada de una disciplina rigurosa, se esconden frecuentemente dinámicas abusivas que llegan a la ilegalidad. Tras la muerte de Dafne, exalumnos y padres de familia rompieron el silencio denunciando que en dicho centro se aplicaban novatadas, castigos inhumanos y adiestramientos físicos excesivos incompatibles con la salud física y psicológica de los menores de edad. Ello evidencia que, al no existir un marco normativo claro, la delgada línea entre la disciplina formativa y la tortura o el maltrato físico queda sujeta al arbitrio de los directivos del plantel.
Los dicho: Las dependencias educativas y militares se apresuraron a deslindarse, dejando al descubierto un limbo regulatorio que pone en riesgo la vida de los menores de edad, mientras el dictamen forense califica el deceso como un homicidio bajo causa de «asfixia por sumersión» y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas lo investiga bajo el protocolo de feminicidio,
La detención del director de la academia, Jorge Luis «N», y de otras dos colaboradoras presuntamente implicadas, es sin duda, un avance hacia la justicia punitiva en el caso particular de la menor. Sin embargo, la justicia estructural exige transformaciones urgentes a nivel legal e institucional, para que no sucedan más casos como el de Dafne.
La tragedia en ésta «pseudoacademia militarizada» de Ciudad Madero, expone un vacío regulatorio alarmante y la ambigua fiscalización de planteles con instrucción castrense por parte del Estado. La propuesta ya ha sido pública y se trata de crear una «Ley Dafne», impulsada por la madre de la víctima, Alejandra Quintos, que busca tipificar y prohibir las novatadas, regular estrictamente los campamentos de verano y erradicar cualquier manifestación de violencia institucionalizada. Porque no es posible que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional hayan evadido responsabilidades directas al desvincularse de «academias» privadas.
Y es que, el proceso penal contra individuos concretos no resuelve la omisión estructural del Estado. La tragedia obliga a una revisión profunda del Poder Legislativo y de las secretarías estatales para erradicar o fiscalizar con rigor absoluto a cualquier academia que utilice la fachada militar sin controles estrictos de salvaguarda para la niñez y la juventud de México.
Porque mientras las autoridades continúen eludiendo su responsabilidad fiscalizadora mediante tecnicismos legales, la integridad y la vida de miles de niños y adolescentes que asisten a estos cursos seguirán desprotegidas ante la impunidad de quienes confunden la disciplina con la violencia. ¡Y eso no debe suceder!
*Periodista/Tlaxcala