- La dueña de la empresa que ha recibido 246 contratos por casi 13 mil mdp tiene 90 años de edad y su nivel de vida no empata con el dinero recibido los últimos siete años en contratos.
Por UIE XPECTRO FM
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (XPFM).-La empresa Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, S.A. de C.V., cuya principal accionista es una mujer de 90 años de edad, que vive en un modesto apartamento arriba de una tienda de abarrotes y un depósito de cerveza en Jiutepec, Morelos, se convirtió en los últimos siete años en la favorita del Gobierno de México para subrogar contratos relacionados con seguridad y a la que se le han otorgado casi 13 mil millones de pesos.
Durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheimbaum Pardo, la empresa, incluso con inhabilitaciones confirmada el 22 de agosto de este año, ha recibido 246 contratos de 28 dependencias del gobierno federal, con monto acumulado de 12 mil millones 911 mil 700 pesos, en su mayor parte con el IMSS, IMSS-Bienestar y entidades públicas que dependen de la Secretaría de Marina (Semar) como el Tren Maya, aeropuertos y aduanas.
A la corrupción en el sistema electoral mexicano demostrada hace dos semanas que terminó con la destitución de la titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, se suma la forma en cómo 28 instituciones y la Secretaría de Marina, delegan a una empresa las principales contrataciones para resguardar la seguridad de los usuarios civiles en las dependencias asignadas.
La escritura pública 58,097 de la Notaria Pública número 1 Patrimonio Inmobiliario Federal de la Novena Demarcación Notarial de Jiutepec, da fe de la constitución de la empresa ante el notario Gregorio Alejandro Maldonado. Grupo de Seguridad Privada Pryse de México S.A. de C.V., se fundó el 14 de abril del 2015, en sociedad con Silvia Muciño Negrete, Mario Cisneros Luna y Andel Julián Islas Cisneros.
A pesar de que Silvia Muciño Negrete, hoy de 90 años de edad, aparece como socia principal de Pryse, no todos los contratos son firmados por ella, como el 014-5/2023 con Fonatur, en el que representante legal de la empresa, Salvador Tapia Damián, junto con Edgar Daniel Islas Rodríguez y Amanda Viridiana Mata Almanza, en su carácter de apoderados, son quienes cierran los contratos, como lo pudo constatar XPECTROFM de acuerdo a los documentos obtenidos.
La empresa ofrece servicios de vigilancia industrial, comercial y habitacional, reclutamiento selección, capacitación y adiestramiento de personal para la prestación de servicios de seguridad y vigilancia industrial, comercial, habitacional, personal y de bienes en general, y cualquier servicio que se relacione con seguridad y vigilancia.
Entre 2019 y 2026 sus principales contratantes son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 5 mil 103 millones 547 mil 43 pesos en 70 contratos; el IMSS-Bienestar le ha otorgado 3 mil 107 millones 145 mil 861 pesos en tres contratos.
CAPUFE le otorgó 11 contratos por 2 mil 098 millones 181 mil 372 pesos; el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) 925 millones 296 mil 307 pesos; así como la Secretaría de Salud federal dos contratos por 444 millones 483 mil 487 pesos.
El ISSSTE aparece en la lista de dependencias de gobierno contratando los servicios por 246 millones 17 mil 43 pesos en 26 contratos; Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) Tren Maya 185 millones 868 mil 360 millones de pesos en siete contratos; INAH 158 millones 711 mil 545 mil pesos.
Fonatur aparece con 150 millones 124 mil 196 pesos en 29 contratos, Instituto Politécnico Nacional (IPN). 146 millones 451 mil 912 pesos en 15 contratos; Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) con 108 millones 867 mil 201 pesos en tres contratos, entre otras empresas gubernamentales.
No se tienen registros de contratos con el Gobierno de México antes del año 2019, en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, pero ganó cientos de licitaciones cuando Andrés Manuel López Obrador arribó a la Presidencia de México con 26 dependencias de gobierno.
Las contrataciones se han dado a pesar de contar con tres inhabilitaciones con diferentes dependencias gubernamentales señaladas por parte de la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción (SABG), tras denuncias de los órganos internos de control del IMSS, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) e investigaciones con el Instituto Nacional de Antropología (INAH).
El actual escándalo de los contratos irregulares del INE de Guadalupe Taddei maneja montos de entre mil 450 y 2 mil 400 millones de pesos con las empresas de José Alfredo Hernández Casillas, mientras que la suma de total del pago de contados a la compañía Pryse es seis veces mayor.
Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, observó un crecimiento exponencial a partir de 2019, conforme a datos de la Plataforma Nacional de Transparencia y de Compras MX (antes Compranet), al pasar de 5 contratos en 2019 a 119 contratos adjudicados en 2025 por más de 12 mil millones de pesos.
La inhabilitación del año 2025
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició en 2024 la revisión de cuentas de acuerdo con el cumplimiento 2023-3-21W3N-19-0142-2024 a los recursos ejercidos en 2023, en donde se encuentran los contratos con Grupo de Seguridad Privada Pryse de México.
Del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la ASF revisó contratos por 116 millones 853 mil pesos de las partidas específicas 33801, 33901 y 35701 y auditó los contratos con el IMSS del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal l 2023-1-19GYR-19-0142-05-001.
La SABG ordenó revisar al Órgano Interno de Control (OIC) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), dos licitaciones para seguridad y vigilancia en la Terminal 2.
El OIC del AICM resolvió reponer los fallos de dos licitaciones por las que Pryse y sus empresas aliadas cobraban más de 700 millones, mientras que otra empresa ofrecía lo mismo por 593 millones, una diferencia de casi 300 millones de pesos.
El expediente SAN/015/2025 se evidenció que, tras las auditorias, la empresa Pryse fue inhabilitada por 12 meses en septiembre de 2025.
Juez salva a Pryse de la inhabilitación
El 8 de diciembre de 2025, el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa, Gabriel Regis López, concedió la suspensión definitiva de la inhabilitación en el amparo 2080/2025. El Diario Oficial de la Federación (DOF) dio a conocer la medida del juez el 18 de diciembre.
Esto le permitió a Pryse participar en otra licitación del sector salud cuya apertura se dio el 19 de diciembre, un día después de la publicación del fallo del amparo en el DOF.
La empresa ganó la licitación LA-50-GYR-050GYR019-N-213-2025 del IMSS una semana después, el 26 de diciembre, por mil 334 millones 424 mil 383 pesos con IVA, participando conjunta con las empresas Protección, Resguardo y Servicios Empresariales S.A. de C.V. y Multisistemas Uribe S.A. de C.V.
Dos apelaciones de Pryse llegan al mismo juez
Dos de las tres acciones sancionatorias promovidas por instancias gubernamentales diferentes, la 2080/2025 y la 435/2026, fueron turnadas al mismo juez, algo poco común.
El expediente 435/2026, se refiere al juicio promovido contra la resolución del ÓIC en el AICM que ordenó reponer dos procedimientos de contratación pública. En el caso del expediente 2080/2025, el juez otorgó dos suspensiones definitivas para impedir temporalmente la ejecución de las inhabilitaciones por el tema del IMSS.
El 22 de mayo del 2026, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la inhabilitación de un año y multa por 701 mil pesos, por el caso del AICM, revocando la resolución del juez Regis López.
Con esta revocación del TFJA a la resolución del juez Regis López, deja la participación de Pryse y sus compañías socias, dentro del marco de la ilegalidad en su participación en la licitación LA-50-GYR-050GYR019-N-213-2025.
Busca un nuevo contrato multimillonario
A pesar de las sanciones y las irregularidades, esta empresa buscará el próximo miércoles obtener un contrato con la Administraciones del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Veracruz.
Se trata de la licitación pública electrónica de carácter nacional No LA-13-J3E-013J3E001-N-165-2026, cuyo concepto es el pago por “Servicio de vigilancia para el edificio administrativo y áreas operativas de la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz S.A. de C.V.”.
El contrato por este tipo de servicios rondaría entre los 646 millones de pesos de forma aproximada.